El Servicio Geológico Colombiano no reporta víctimas ni daños y pide a la población registrar su experiencia en la plataforma Sismo Sentido.

EL TIEMPO conoció los rasgos de los dispositivos adquiridos por el GAO-r 36. El valor de los drones y sus mejoras supera los 100 millones de pesos.

Javier Milei had denied acting fraudulently when a cryptocurrency nosedived after he deleted a social media post about it.

Calls for change present a challenge to President Lula in the second round of the election on Sunday.

Several planned marches in major cities in France have been banned by authorities, provoking an uproar by rights groups.

Polls indicate Brazil's presidential candidates are neck and neck before Sunday's voting.

qué sirve la asistencia técnica si no transforma una finca en una explotación productiva y rentable? La pregunta importa porque el Gobierno formula el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Es la oportunidad de cambiar los instrumentos agropecuarios; repetir lo mismo prolongará los mediocres resultados del desarrollo rural. Colombia tiene más de 584.000 pequeños ganaderos, con unos 21 animales en promedio. Tienen tierra y experiencia, pero les falta capital y acompañamiento. Igual ocurre con millones de agricultores poco tecnificados y sin crédito. No basta financiar una cosecha: necesitan orientación para producir con eficiencia, reducir riesgos y vender mejor. El Informe Nacional de Competitividad 2025-2026 recuerda que apenas el 16,5 % de las unidades productivas recibe asistencia técnica. Sin conocimiento y financiación la tierra difícilmente se convierte en progreso. En 2025 el Fondo Agropecuario de Garantías pagó $646.165 millones por siniestros. Inciden el clima y los mercados, pero debemos preguntar cuánto podría prevenirse con asistencia y seguimiento. Una garantía pública no sustituye un negocio viable: financiar conocimiento con capital protege al productor y al Estado. La propuesta es concreta: cada intervención técnica debe identificar mejoras y, cuando haya viabilidad, traducirse en un proyecto productivo con crédito apropiado. El desembolso debe iniciar el control de la inversión y el acompañamiento para que el proyecto produzca, el productor pague y mejore su vida. El PND debe fijar una línea de base y metas verificables. En ganadería pueden medirse natalidad, mortalidad, leche, ganancia de peso, carga animal, costos e ingresos; en agricultura, rendimientos, calidad, pérdidas poscosecha y comercialización. No basta contar visitas, talleres o créditos: importa cuánto mejoró la vida del productor. FEDEGÁN no improvisa. ASISTEGÁN tiene experiencia y trabajamos con el Banco Agrario para articular asistencia, proyectos y financiación. Desde 2020 pedimos a Finagro incorporar ese apoyo al crédito. La ADR puede articular pilotos regionales con el Ministerio, Finagro, el Banco Agrario y los gremios. No hace falta otra burocracia, sino coordinar instrumentos y evaluar resultados. Así se podría producir más con la misma tierra, mejorar los ingresos familiares y reducir riesgos para los fondos públicos y los bancos. El desafío es construir una clase media rural: si el 82 % de los productores son pequeños, la política debe permitirles acumular activos y dinamizar sus municipios. Hay que mirar al pequeño productor como empresario rural. Necesita crédito y proyecto; asistencia orientada a resultados; mercados, infraestructura, conectividad y reglas para planear. Es un deber inaplazable. La transformación rural no consiste en administrar la pobreza, sino en crear las condiciones para generar riqueza, prosperidad y desarrollo.

presupuesto de 2027 se cayó por una primiparada: la Cámara aprobó de madrugada un artículo distinto del que había votado el Senado. El error fue de Hacienda, el paquete que traía una proposición retirada. Regirá por decreto el texto del primer debate y se pierden, por ahora, $3 billones para la salud, $3 billones de subsidios de energía y gas y la partida del terremoto. Una ley de adiciones puede recuperarlos. Lo grave no es eso. Lo grave es el presupuesto, en qué se gasta. Son $634,9 billones, $88 billones más que el de 2026. El funcionamiento sube 9,3 %, a $392,6 billones. La inversión se queda en $86,9 billones y el servicio de la deuda salta de $102,4 a $155,4 billones: de cada cuatro pesos, uno es para pagar deuda. Es herencia del despilfarro petrista, pero equilibrar las cuentas es responsabilidad de este Gobierno. Faltan cerca de $45 billones, según el Gobierno. Sin embargo, el Comité de la Regla Fiscal calcula un déficit de 9,5 % del PIB: $201 billones. Y advierte que no hay espacio para más deuda, pues ya se acerca al límite legal del 71 %. No se le pidió a cada entidad un recorte ni a cada rama del poder un aporte. La Rama Judicial, por ejemplo, pidió $17,5 billones y recibió $11,4. Su reclamo es legítimo, pero este es el momento de que todos, Congreso, cortes y órganos de control incluidos, hagamos conciencia de que la plata no alcanza. ANIF lo resume: «El problema fiscal de Colombia es, en esencia, un problema de gasto». Y aquí está el fondo: conseguir la plata para superar el déficit sin reformar el gasto no cambia nada. Es hacer un esfuerzo enorme para pagar el mismo Estado caro que tenemos. El 90,7 % del gasto es inflexible: de cada diez pesos, nueve ya están comprometidos antes de que el Congreso vote. No se intervino de fondo en qué se gasta. A Petro le exigimos varias veces un ambicioso plan de austeridad, y en campaña lo repetimos: primero se aprieta el Estado, no la gente. El Gobierno anunció un ajuste de 2,2 % del PIB, unos $45 billones. Es un inicio, pero ANIF habla de 3 puntos, Fedesarrollo de entre 4 y 6, y el Comité de más de 6 para volver a la regla en 2028. Lo que falta no es un recorte dramático este año: es una visión de cuatro años que cambie la manera como gasta el Estado, entidad por entidad, con nombre y cifra. Porque el problema no es solo cuánto se gasta, sino en qué. Recortar libera recursos para proponerles cosas nuevas a los colombianos. Colombia necesita una revolución educativa: los colegios en concesión de Bogotá les sacan entre 10 y 13 puntos a los oficiales en las pruebas Saber, y 22 de sus contratos vencen este año. ¿Se van a renovar? Hacen falta recursos y arrojo para llevarlos a más regiones y aprobar los bonos escolares, que hemos presentado al Congreso, para que los niños pobres puedan ir a colegios privados de más calidad pagados con recursos públicos. Y necesita cosas que no cuestan plata sino decisión: desde 2022 no existe ningún contrato de estabilidad jurídica. Hay un proyecto radicado en la Cámara. Que lo tramiten pronto. Necesitamos infraestructura que atraiga inversión, que hoy apenas llega al 16 % del PIB, la más baja en dos décadas. Necesitamos impuestos más sencillos y menos costosos, para crecer y tener con qué pagar la deuda y transformar a Colombia. Y la seguridad es el presupuesto para todo esto. Este no es un problema del Gobierno. Es de todos los colombianos: lo pagamos en impuestos hoy y en deuda mañana. Todos somos el Estado, y todos debemos estar dispuestos a contribuir. Lamento la salida de Rodrigo Lara, inteligente y comprometido con Colombia, y le deseo éxitos al nuevo ministro, Alejandro Ordóñez.